En abril pasado la Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Educación (ANDIME) advirtió al Senado sobre los riesgos de revisar mochilas, permitir intervenciones policiales sin control del Ministerio Público y establecer sanciones que podrían afectar derechos fundamentales.
Andime afirmó que el reciente fallo del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de ley “Escuelas Protegidas” confirma las advertencias que la organización formuló durante la discusión legislativa de la iniciativa.
En una presentación enviada a la Comisión de Educación del Senado el 22 de abril de este año, ANDIME sostuvo que el proyecto abordaba un problema real, como es el aumento de los hechos de violencia en establecimientos educacionales, pero lo hacía desde una lógica excesivamente punitiva, trasladando al espacio escolar herramientas propias del ámbito policial y penal.
El Tribunal Constitucional terminó objetando precisamente algunos de los aspectos cuestionados por la organización, entre ellos las normas sobre revisión de mochilas y efectos personales, la intervención de Carabineros o la PDI sin autorización previa del Ministerio Público, las sanciones por interrupción de clases y las restricciones al acceso a la gratuidad en educación superior.
La presidenta nacional de ANDIME, María Beatriz Fuenzalida, señaló que “valoramos que el Tribunal Constitucional haya puesto límites a disposiciones que podían afectar derechos fundamentales y generar una mayor judicialización de los conflictos escolares. Lo que planteamos oportunamente fue que la convivencia escolar no puede resolverse únicamente desde la lógica del castigo”.
La dirigenta agregó que “advertimos que se estaba cargando sobre directivos, docentes y asistentes de la educación responsabilidades para las cuales no existían protocolos claros ni respaldo institucional suficiente. Hoy queda demostrado que esas preocupaciones tenían fundamento”.
Desde ANDIME insistieron en que la violencia escolar requiere una respuesta integral que incorpore prevención, fortalecimiento de equipos multiprofesionales, apoyo a la salud mental y mejores condiciones para las comunidades educativas.
“Las escuelas necesitan más herramientas para prevenir y abordar los conflictos, no transformarse en espacios de vigilancia permanente. Combatir la violencia es una tarea urgente, pero debe hacerse fortaleciendo la educación y no debilitando las garantías que protegen a estudiantes y trabajadores”, afirmó Fuenzalida.
Finalmente, la organización llamó al Ejecutivo y al Congreso a retomar el debate legislativo considerando la experiencia de quienes trabajan diariamente en el sistema educativo y a construir una política que combine protección, convivencia y derechos.
“Este fallo debe servir para corregir el rumbo. La seguridad en las escuelas es una necesidad compartida, pero las soluciones deben ser eficaces, proporcionales y compatibles con el carácter formativo que debe tener toda comunidad educativa”, concluyó la presidenta de ANDIME.