Manteniendo nuestra activa participación en las instancias decisivas para el futuro del sector, desde ANDIME nos hicimos presentes en una nueva sesión de la «Mesa Rol Rector». En este espacio, de alto nivel técnico y político, analizamos en profundidad el vínculo operativo y estratégico que debe existir entre el Ministerio de Educación (MINEDUC) y la Dirección de Educación Pública (DEP), todo ello en el contexto de las modificaciones a la Ley 21.040 que se tramitan actualmente en el Congreso.
Nuestro enfoque en esta mesa no ha sido testimonial. Hemos puesto sobre la mesa el peso de las indicaciones que, como organización, logramos incorporar exitosamente al proyecto de ley (boletín 16705-04). Estas indicaciones no son meros textos legales; son salvaguardas que buscan proteger la función pública y asegurar que la transición hacia el nuevo sistema no debilite la capacidad rectora del Ministerio. En esta línea, estamos explorando la elaboración de una resolución orientadora, un instrumento administrativo clave que permita clarificar roles y funciones. El objetivo es evitar duplicidades y zonas grises, resguardando el «Rol Rector» del MINEDUC y fortaleciendo su capacidad de conducción sobre el sistema de educación pública en su conjunto.
Asimismo, somos conscientes de que la rectoría del sistema no se ejerce en abstracto, sino a través de equipos concretos. Por ello, desde ANDIME estamos analizando con especial atención cómo abordar las necesidades urgentes de los departamentos de infraestructura y de supervisión. Reconocemos en estos equipos un rol estratégico e insustituible para el correcto funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Sin una supervisión técnica robusta y sin una gestión de infraestructura eficiente, la promesa de la educación pública se diluye, y son nuestros compañeros de estas áreas quienes cargan con la responsabilidad operativa.
Seguimos incidiendo con propuesta técnica y trabajo colectivo. Nuestra meta es clara: fortalecer la educación pública estructuralmente, asegurando que quienes la sostienen día a día cuenten con un marco normativo claro, que reconozca su valor y proteja su estabilidad laboral ante los cambios institucionales.