Dirigentes de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME), junto a representantes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), sostuvieron una reunión con la Dirección del Trabajo para abordar las dificultades que enfrentan distintos servicios y regiones en sus procesos de inscripción y certificación.
Durante el encuentro, las organizaciones sindicales expusieron su preocupación por la aplicación de una disposición normativa que, tras varios años, ha vuelto a ser exigida por la Dirección del Trabajo, generando dificultades para la regularización de aproximadamente cinco o seis servicios que actualmente se encontrarían en esta situación.
La reunión permitió plantear directamente estos antecedentes y solicitar claridad respecto de los criterios utilizados por la institución, así como de las alternativas disponibles para resolver los casos pendientes.
Dirección del Trabajo compromete revisión caso a caso
Como resultado del encuentro, representantes de la Dirección del Trabajo informaron que se encuentran revisando los antecedentes de los servicios afectados y que realizarán una evaluación individual de cada situación para determinar si corresponde proceder con las respectivas inscripciones.
Asimismo, se comprometió una respuesta en un plazo aproximado de dos semanas, período durante el cual se espera contar con mayor claridad sobre los criterios aplicables y las posibilidades de regularización.
ANDIME continuará realizando seguimiento
Desde ANDIME destacaron la importancia de abordar oportunamente estas dificultades, considerando la necesidad de entregar certezas a las organizaciones sindicales y sus representaciones regionales.
La asociación continuará realizando seguimiento a los compromisos adquiridos por la Dirección del Trabajo, en coordinación con la ANEF, con el objetivo de contribuir a una solución que permita avanzar en la regularización de las situaciones pendientes.
ANDIME reafirma así su compromiso con el fortalecimiento de la organización sindical, la defensa de los derechos de las y los funcionarios públicos y el trabajo conjunto con las organizaciones del sector público.