En representación de las y los trabajadores del Ministerio de Educación a lo largo de todo el país, nuestro Directorio Nacional de ANDIME, encabezado por nuestra presidenta María Beatriz Fuenzalida y el asesor jurídico Felipe Larenas, compareció ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados para exponer los nulos avances técnicos y los graves riesgos constitucionales que reviste el proyecto de ley que busca implementar un sistema paralelo de «Elección Mutua».
Como organización con 59 años de trayectoria en la defensa de las políticas públicas orientadas al bien común, manifestamos nuestra profunda preocupación ante un mensaje presidencial que pretende desmantelar la Ley de Inclusión Escolar. En la instancia, nuestra presidenta aclaró tajantemente ante la ministra de la cartera, María Paz Arzola, y el subsecretario Daniel Rodríguez, que el SAE no es una «tómbola», sino un algoritmo serio y transparente que resguarda la libertad de postulación de las familias sin mirar la condición socioeconómica ni el origen social de las y los estudiantes.
Durante la exposición, nuestro equipo jurídico detalló que el proyecto presenta al menos cuatro severos visos de inconstitucionalidad, replicando las vulneraciones de derechos fundamentales ya impugnadas previamente por el Tribunal Constitucional (TC) en el proyecto de «Escuelas Protegidas». Se argumentó que, bajo los tratados internacionales ratificados por Chile (como el Protocolo de San Salvador vigente desde 2022), el derecho a la educación radica en los niños, niñas, adolescentes y sus familias, y no en un supuesto «derecho de las escuelas a elegir». Lo que hace esta iniciativa es una preocupante inversión normativa que relativiza el principio de no regresividad de los derechos sociales, pretendiendo validar la jurisprudencia minoritaria del TC del año 2015.
En la dimensión operativa, como funcionarias y funcionarios que atendemos directamente a las familias en el nivel central y en las SEREMI de Educación, advertimos que los nuevos criterios de selección propuestos (tales como la obligatoriedad de asistencia a reuniones informativas o los parámetros de residencia) son abstractos, carecen de verificación objetiva y castigan directamente la precariedad laboral o las tareas de cuidado en los hogares. Estas medidas solo promueven circuitos cerrados de matrícula y una alarmante segregación residencial.
Sostenemos con firmeza que el SAE requiere perfeccionamientos institucionales, tal como concluyó de manera unánime la mesa técnica de 2025, pero estos avances ya cuentan con un cauce legislativo aprobado en el Senado que no puede ser reemplazado por lógicas discriminatorias. Como trabajadores de la educación, nos mantendremos alertas, haremos llegar nuestra minuta técnica a todas las bancadas del Congreso, y exigiremos formalmente que se cite a la Defensoría de la Niñez y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) antes de cualquier votación general, dejando desde ya expresa reserva de constitucionalidad para frenar este grave retroceso segregador.