El debate sobre el reajuste salarial del sector público vuelve cada año a ocupar un lugar central en la discusión pública, sin embargo, más allá del porcentaje anunciado o del monto nominal que aparece en las leyes, existe un elemento clave que determina si los sueldos de las y los trabajadores realmente mejoran o se deterioran: el reajuste real, es decir, la diferencia entre el reajuste otorgado y la inflación acumulada del periodo. Cuando esta diferencia es positiva, las remuneraciones ganan poder de compra; cuando es negativa, el salario pierde valor y las familias ven disminuida su capacidad para enfrentar el costo de la vida.
Un análisis histórico de los reajustes entre 1990 y 2024 muestra una tendencia clara: mientras la década de los 90 y gran parte de los 2000 estuvo marcada por alzas reales significativas, que permitieron recuperar ingresos tras años de inestabilidad económica, los últimos años han sido especialmente adversos. Los datos oficiales del Informe BCN-DIPRES evidencian que entre 2020 y 2023 todos los reajustes fueron negativos en términos reales, golpeados por la pandemia, la inflación más alta en tres décadas y las restricciones fiscales impuestas en un contexto de crisis sanitaria y económica.
El contraste es evidente. Entre 1990 y 1999, la mayoría de los años registró reajustes que superaron al IPC, llegando incluso a +3,4% en 1994 y +3,3% en 1996. Durante los 2000, el panorama se mantuvo relativamente favorable, destacando el año 2009, en plena crisis financiera global, donde el bajo IPC permitió alcanzar uno de los mejores reajustes reales de la serie: +3,7%. Sin embargo, desde mediados de la década de 2010 la tendencia comenzó a revertirse, y el año 2019 ya mostraba un reajuste real negativo, anticipando el escenario que se profundizaría con la pandemia
Este deterioro no es menor. El reajuste real negativo implica que, aunque exista un incremento nominal, las remuneraciones pierden capacidad de compra, afectando directamente el presupuesto familiar, el acceso a bienes básicos, servicios esenciales y la estabilidad económica de miles de trabajadoras y trabajadores del Estado. En periodos de alta inflación, como 2021 y 2022, el efecto se vuelve especialmente crítico: la vida se encarece rápidamente mientras los sueldos avanzan a un ritmo menor.
El año 2024 marca un punto de inflexión. Gracias a la disminución del IPC, el reajuste acordado alcanza un modesto pero importante +0,7% real, el primero positivo desde 2018. No obstante, este repunte no compensa las pérdidas acumuladas de los años anteriores. Recuperar el poder adquisitivo perdido requerirá, a futuro, reajustes reales sostenidamente positivos y una política pública que reconozca el rol estratégico del Estado y de sus trabajadores.
En paralelo al análisis del reajuste real y su impacto en el poder adquisitivo, la Mesa del Sector Público presentó su Pliego de Negociaciones 2025, donde las organizaciones afiliadas a la CUT demandan un reajuste real del 2% para el periodo diciembre 2025 noviembre 2026, alineado con la evolución real de las remuneraciones informada por el INE. Este proceso, coordinado por la mesa del sector público, instala anualmente la negociación con el Gobierno sobre mejoras salariales y condiciones laborales, el petitorio también incluye un bono mensual para rentas más bajas, el fortalecimiento de los ingresos mínimos por estamento, y la cobertura universal de los beneficios del reajuste. Se trata del último proceso con la actual administración y, como señala el petitorio, la exigencia central es evitar nuevos retrocesos del ingreso real de las y los trabajadores públicos.
En este contexto, para ANDIME el debate sobre el reajuste no es solo técnico o presupuestario: es un tema de justicia laboral y dignidad. Cuando los sueldos del sector público retroceden frente al costo de la vida, se afecta no solo a quienes trabajan en los servicios del Estado, sino también la calidad de la atención que reciben millones de personas en salud, educación, protección social y otros ámbitos esenciales.
Como asociación de funcionarios, reafirmamos la necesidad de avanzar hacia una política salarial que garantice estabilidad, progresividad y protección frente a escenarios económicos adversos. El país ha demostrado en el pasado que es posible asegurar condiciones que permitan a las y los trabajadores del Estado mantener y mejorar su poder adquisitivo. Hoy, más que nunca, ese compromiso debe renovarse.
Porque un Estado fuerte requiere trabajadores y trabajadoras con condiciones dignas, salarios justos y un reajuste real que vuelva a ser, efectivamente, real.