En representaci\u00f3n de las y los trabajadores del Ministerio de Educaci\u00f3n a lo largo de todo el pa\u00eds, nuestro Directorio Nacional de ANDIME, encabezado por nuestra presidenta Mar\u00eda Beatriz Fuenzalida y el asesor jur\u00eddico Felipe Larenas, compareci\u00f3 ante la Comisi\u00f3n de Educaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Diputadas y Diputados para exponer los nulos avances t\u00e9cnicos y los graves riesgos constitucionales que reviste el proyecto de ley que busca implementar un sistema paralelo de \u00abElecci\u00f3n Mutua\u00bb.<\/p>\n
Como organizaci\u00f3n con 59 a\u00f1os de trayectoria en la defensa de las pol\u00edticas p\u00fablicas orientadas al bien com\u00fan, manifestamos nuestra profunda preocupaci\u00f3n ante un mensaje presidencial que pretende desmantelar la Ley de Inclusi\u00f3n Escolar. En la instancia, nuestra presidenta aclar\u00f3 tajantemente ante la ministra de la cartera, Mar\u00eda Paz Arzola, y el subsecretario Daniel Rodr\u00edguez, que el SAE no es una \u00abt\u00f3mbola\u00bb, sino un algoritmo serio y transparente que resguarda la libertad de postulaci\u00f3n de las familias sin mirar la condici\u00f3n socioecon\u00f3mica ni el origen social de las y los estudiantes.<\/p>\n
Durante la exposici\u00f3n, nuestro equipo jur\u00eddico detall\u00f3 que el proyecto presenta al menos cuatro severos visos de inconstitucionalidad, replicando las vulneraciones de derechos fundamentales ya impugnadas previamente por el Tribunal Constitucional (TC) en el proyecto de \u00abEscuelas Protegidas\u00bb. Se argument\u00f3 que, bajo los tratados internacionales ratificados por Chile (como el Protocolo de San Salvador vigente desde 2022), el derecho a la educaci\u00f3n radica en los ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes y sus familias, y no en un supuesto \u00abderecho de las escuelas a elegir\u00bb. Lo que hace esta iniciativa es una preocupante inversi\u00f3n normativa que relativiza el principio de no regresividad de los derechos sociales, pretendiendo validar la jurisprudencia minoritaria del TC del a\u00f1o 2015.<\/p>\n
En la dimensi\u00f3n operativa, como funcionarias y funcionarios que atendemos directamente a las familias en el nivel central y en las SEREMI de Educaci\u00f3n, advertimos que los nuevos criterios de selecci\u00f3n propuestos (tales como la obligatoriedad de asistencia a reuniones informativas o los par\u00e1metros de residencia) son abstractos, carecen de verificaci\u00f3n objetiva y castigan directamente la precariedad laboral o las tareas de cuidado en los hogares. Estas medidas solo promueven circuitos cerrados de matr\u00edcula y una alarmante segregaci\u00f3n residencial.<\/p>\n
Sostenemos con firmeza que el SAE requiere perfeccionamientos institucionales, tal como concluy\u00f3 de manera un\u00e1nime la mesa t\u00e9cnica de 2025, pero estos avances ya cuentan con un cauce legislativo aprobado en el Senado que no puede ser reemplazado por l\u00f3gicas discriminatorias. Como trabajadores de la educaci\u00f3n, nos mantendremos alertas, haremos llegar nuestra minuta t\u00e9cnica a todas las bancadas del Congreso, y exigiremos formalmente que se cite a la Defensor\u00eda de la Ni\u00f1ez y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) antes de cualquier votaci\u00f3n general, dejando desde ya expresa reserva de constitucionalidad para frenar este grave retroceso segregador.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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