La norma permitió que los sectores postergados pudieran tener acceso a la educación, dejó en manos del Estado el garantizar este derecho y obligó a los padres a escolarizar a los menores.
La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, dictada el 26 de agosto de 1920, es uno de los avances sociales y políticos más relevantes de la educación chilena, producto de decenas de años de exigencia del movimiento educacional. La nueva norma revolucionaria igualó a todo un país en su derecho de acceder a la educación, dejando de lado privilegios y excepciones.
En este día también se celebra el día de la profesora y el profesor normalista. La educación primaria chilena tuvo como referente para sus primeros años las Escuelas Normales. Fundadas en 1842 bajo el modelo implementado en Francia por el sacerdote Jean-Baptiste de La Salle y plasmado en la Escuela Normal Superior gala del año 1794, se desarrollaron en Chile hasta la década de 1970 con el objetivo de formar profesores para los primeros años de enseñanza.
La ley de Instrucción Primaria Obligatoria garantizó el cumplimiento de la enseñanza básica al establecer que todo niño o niña chileno/a tiene el derecho de asistir a la escuela y, sus padres, les entregó el deber de cumplir este mandato con carácter legal.
En el papel se definía que padres y apoderados adquirían el compromiso con el Estado de que sus hijos y pupilos “frecuenten durante cuatro años a lo menos y antes que cumplan trece años de edad, un establecimiento de educación primaria fiscal, municipal o particular”. Esta misma regla llegaba a establecer penas de cárcel para los adultos que incumplieran esta ley.
Esta norma que cumplió un siglo de vigencia posicionó al Estado como el principal proveedor, supervisor y orientador de la enseñanza primaria desde un nivel central, es decir, no solo construía y administraba escuelas a lo largo de todo el país, sino que también financiaba, incluso, las escuelas locales construidas por grupos de vecinos. Luego, también se hacía cargo de la gestión total del establecimiento.
Un segundo punto que caracterizó esta normativa fue garantizar la libertad de enseñanza y la gratuidad de la educación escolar, con lo cual se vencía el principal impedimento para acceder a la escuela para la población de escasos recursos. En tal sentido, la ley integró a la ciudadanía en su conjunto y obligó a los dueños latifundistas a crear escuelas con recursos propios para los campamentos mineros y talleres (fábricas), que reunieran determinada cantidad de personas. Si estos privados no cumplían la ley, serían multados económicamente.
Los niños y niñas de la época no iban a la escuela porque no tenían las condiciones para hacerlo y con la implementación de una ley de educación obligatoria, el gobierno se hizo cargo de esto con todo su aparato estatal, lo que se conoció como el Estado Docente, lo que reunió una serie de condiciones que posibilitaron que niños y niñas recibieran educación.
A lo largo de las décadas siguientes esta estrategia educativa coincidió con otros procesos ciudadanos e institucionales relevantes que incorporaron a estos mismos sectores abandonados a la industria, procesos nuevos del trabajo y a espacios políticos como el voto o la influencia de la participación sindical.
Con el tiempo se fue fortaleciendo la posibilidad de que, lo que se presentó como un derecho para niños y niñas, se transformara en un aumento de la matrícula, la escolaridad y la aparición de actores de la ciudadanía que vieron la posibilidad de seguir sus estudios bajo la tutela del Estado Docente en lo que sería el liceo o la formación técnica.
El primer producto de esta norma legal que “obligaba” a estudiantes y sus padres a asistir a la escuela fue el desarrollo de una clase media ilustrada con mayor acceso a la información, la cultura y el debate que fue tierra fértil para sostener otras reformas fundamentales venideras como la Reforma Agraria, la Reforma Educativa, el movimiento sindical o los procesos de industrialización.
Andime recuerda la historia de la educación Chilena y seguirá trabajando por lograr la consolidación de una mejor educación pública para los hijos e hijas de los trabajadores chilenos.