La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación – ANDIME -considera inaceptables y condena de la forma más enérgica los lamentables dichos de los diputados Juan Antonio Coloma y Gustavo Hasbún respecto a los trabajadores públicos a Honorarios y la supuesta “grasa” presente en el Estado en una nota publicada en el diario El Mercurio la semana pasada.
Con mucha firmeza, seriedad y estrictos marcos éticos las y los funcionarios públicos y nuestras/os compañeros de trabajo del MINEDUC en particular, contribuimos a construir un mejor Estado para Chile y su pueblo, en condiciones contractuales desfavorables como es la condición de trabajadores/as a honorarios. Por lo cual no aceptamos que se pretenda una vez más arrasar con las y los trabajadores, reflotando la frase que justificó masivos despidos en la administración pública bajo el gobierno de Piñera.
Si hay una grasa que sacar del aparato público, es la de aquellos personeros del poder legislativo que faltando a toda ética y moral, han financiado ilegalmente sus campañas a través de boletas ideológicamente falsas, faltando a la más mínima probidad que su alta investidura les obliga.
Miles de hombres y mujeres contratados a honorarios, día a día sirven a la comunidad desde las distintas reparticiones públicas a lo largo del país, recorren enormes distancias en localidades alejadas; reciben solicitudes y pedidos de ayuda y orientación desde las miles de ventanillas de atención de los servicios públicos; al igual que el resto de funcionarias y funcionarios públicos, son dignos funcionarias/os del Estado, que no son operadores políticos y están muy lejos de ostentar cargos de confianza.
Por el contrario, es el patrón Estado quien maltrata a estas y estos servidores públicos, manteniéndolos en una precariedad inexplicable en lo laboral, sin previsión, sin sistema de salud, sin seguro contra accidentes del trabajo, pero sí, cumpliendo con todos los deberes funcionarios, con jornada laboral, con dependencia jerárquica, etc. Al Estado no le cuesta ni $1 más, contratarlos con todos los derechos. Tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo, deben transparentar las dotaciones y terminar de una vez por todas con esta vergüenza nacional que es la precaria contratación a honorarios. El Estado exige a los privados y quién exige al Estado?
Cabe recordar que antes de su elección, Piñera se reunió con dirigentes de la ANEF, oportunidad en la que se comprometió a que no habría despidos en la administración pública. A poco tiempo de asumir, se despidió a más de 11.000 trabajadoras y trabajadores públicos a contrata y honorarios.
No nos dejemos engañar entonces, ese sector político probablemente ya está preparando una nueva arremetida contra las y los funcionarios públicos si es que llegan al poder nuevamente.
¿Y a quién le conviene reducir el aparato estatal? Saque la cuenta, para cada función que el Estado deja de realizar, hay un privado muy dispuesto a asumirla, claro está con mayor gasto para el Estado, ya que se debe comprar servicios o tercerizar la función que dejaron de cumplir los empleados públicos despedidos; para el privado ganancia redonda paga sueldos miserables y lucra con los recursos estatales.
Como ANDIME hemos luchado por años y metódicamente para alcanzar mayor estabilidad laboral y, en ese sentido, podemos enfrentar un próximo cambio de Gobierno un poco más tranquilos, con el ingreso a la planta de cientos de nuestras/os compañeros de trabajo con el encasillamiento en curso. Tenemos claro que el diálogo social que se requiere para mejores condiciones de empleo público depende de la instalación de gobiernos con visión de Estado responsable y garante de derechos para todas y todos.
Sus dichos no nos deberían sorprender, sin embargo, esperamos tengan la decencia de pedir disculpas públicas por tan patéticos dichos.
DIRECTORIO NACIONAL
ANDIME