El proyecto que modifica el Sistema de Admisión Escolar ingresó a una nueva etapa legislativa luego de ser aprobado por el Senado y remitido a la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa incorpora nuevos criterios de prioridad, reglas especiales para determinados estudiantes y establecimientos, procedimientos diferenciados para liceos de alta exigencia y mayores facultades para los directores en la asignación de vacantes.
No estamos frente a una reforma meramente técnica. Lo que se discute es la manera en que el Estado garantiza el acceso a establecimientos financiados con recursos públicos y protege principios como la igualdad, la inclusión, la transparencia y la no discriminación.
Desde ANDIME hemos advertido que algunas disposiciones podrían presentar vicios constitucionales. Cuando una ley amplía los márgenes de decisión en un procedimiento que incide directamente en el ejercicio del derecho a la educación, sus límites, fundamentos, controles y mecanismos de reclamación deben quedar claramente establecidos.
El debate tampoco puede reducirse a la consigna del “fin de la tómbola”. Esa expresión busca presentar el Sistema de Admisión Escolar como un mecanismo irracional o puramente azaroso, ocultando que su propósito es impedir que los establecimientos seleccionen estudiantes mediante entrevistas, recomendaciones, antecedentes económicos o decisiones particulares.
El sistema vigente es perfectible y las dificultades que enfrentan muchas familias deben ser abordadas. Pero una reforma responsable debe construirse sobre diagnósticos serios, evidencia y garantías claras. No puede limitarse a ampliar la selección académica o entregar mayores atribuciones discrecionales a los establecimientos.
Como funcionarias y funcionarios del Ministerio de Educación, conocemos las exigencias que implica cada proceso de admisión. La reforma obligará a modificar plataformas, verificar nuevos antecedentes, orientar a las familias, coordinar establecimientos, fiscalizar decisiones y responder reclamaciones.
Todo ello supone nuevas tareas para el Ministerio.
Hasta ahora no se ha presentado una evaluación suficientemente clara sobre la dotación, los recursos presupuestarios y las capacidades técnicas necesarias para implementar estos cambios. Tampoco se ha generado una participación adecuada de las asociaciones que representan a quienes deberán ejecutar la política pública.
Este modo de proceder no puede normalizarse. Las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio no podemos ser considerados únicamente al final del proceso, cuando las decisiones ya han sido adoptadas y corresponde asumir sus consecuencias administrativas. Nuestra experiencia institucional y territorial debe formar parte del diseño, la discusión y la implementación de las reformas.
Como ANDIME mantendremos una posición clara durante el segundo trámite legislativo. Defenderemos un Sistema de Admisión Escolar transparente, objetivo e inclusivo. Nos opondremos a toda fórmula que debilite la igualdad de trato, aumente la discrecionalidad o permita que decisiones esenciales queden sujetas a criterios particulares de los establecimientos.
Exigiremos que se aclaren los posibles vicios constitucionales, que se informe el impacto presupuestario y administrativo y que las organizaciones de funcionarias y funcionarios sean recibidas por el Congreso y por las autoridades del Ministerio.
Por último, cada nueva función entregada al Mineduc sin recursos, personal ni planificación termina convirtiéndose en sobrecarga laboral, debilitamiento institucional y deterioro de la atención que el Estado entrega a la ciudadanía.
Poner al Ministerio al servicio de los aprendizajes requiere fortalecer la función pública, proteger la equidad y garantizar que las decisiones educativas respondan al interés general y no a la selección que transgrede los profundos sentidos que deben guiar el sistema de educación para un mejor Chile.
Directorio Nacional de ANDIME