La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME) rechaza con firmeza la ausencia de una glosa explícita de reajuste en el Proyecto de Ley de Presupuestos 2026 y exige respeto efectivo al trabajo público. Esta omisión instala incertidumbre para quienes sostienen a diario el funcionamiento del Estado y, en particular, de la educación pública en todo Chile, en un contexto de alza sostenida del costo de la vida y pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años.
Si bien el Ministerio de Hacienda ha señalado que “no se congelan” los sueldos y que el porcentaje de reajuste se definirá, como cada año, en la negociación de noviembre con la Mesa del Sector Público, el diseño presentado mantiene el gasto total en remuneraciones en valores de 2025. De este modo, abre la opción de financiar un eventual reajuste mediante la reducción de dotaciones —por ejemplo, no reponiendo todos los cupos que se jubilan o retiran—, lo que precariza equipos, incrementa la sobrecarga y deteriora la calidad del servicio a la ciudadanía.
ANDIME advierte que la responsabilidad fiscal no puede traducirse en recortes encubiertos ni en trasladar el costo de los ajustes a quienes garantizan el funcionamiento del Estado. La educación pública requiere estabilidad de equipos y condiciones laborales dignas; cualquier fórmula que “haga caja” reduciendo personal, en lugar de fortalecer la partida de remuneraciones, va en sentido contrario al interés público y a la mejora de los servicios esenciales.
Como antecedente inmediato, el último acuerdo legal estableció un 4,9% total de reajuste escalonado, lo que confirma que la práctica institucional es negociar y legislar con certezas y financiamiento. Por ello, resulta indispensable que el Ejecutivo entregue una señal política clara y comprometida con un reajuste digno, que proteja el poder adquisitivo y no sacrifique dotaciones ni la calidad del servicio.
En consecuencia, ANDIME exige al Gobierno: (1) un compromiso público y explícito con un reajuste justo y financiado, sin merma de dotaciones; (2) la instalación inmediata de una mesa de negociación efectiva con cronograma, criterios técnicos y resguardos de empleo; y (3) la garantía de que cualquier mejora salarial no se sostendrá en la disminución de personal ni en mayor precarización de las condiciones de trabajo.
Finalmente, ANDIME reafirma su compromiso con la unidad del sector público y participará activamente en las instancias de articulación y movilización convocadas por la CUT y la ANEF. Mantendremos vigilancia permanente durante la discusión presupuestaria y la negociación de noviembre para defender justicia salarial, estabilidad de equipos y el respeto a las y los trabajadores del Estado, porque fortalecer al Estado significa dignificar a quienes lo hacen posible.