Los dirigentes provinciales de la región de Coquimbo tras recabar información pertinente, denuncian que el Jefe Provincial de Educación de Elqui, Mario Benavides, efectuó prácticas que caerían en la figura de proselitismo electoral.
Como Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Educación (ANDIME) entendemos la importancia que tienen los procesos electorales venideros, especialmente, en este momento histórico que vive nuestro país en medio de la construcción de una nueva Constitución y es por ello que permanentemente llamamos a la ciudadanía a participar de los espacios democráticos. Sin embargo, como trabajadores y trabajadoras del Estado, debemos ser respetuosos de las normas e institucionalidad que nos rige y de esta forma resguardarnos de cualquier evento que ponga en riesgo nuestra estabilidad laboral.
Los dirigentes provinciales de la región de Coquimbo tras recabar información pertinente, denuncian que el Jefe Provincial de Educación de Elqui, Mario Benavides, efectuó prácticas que caerían en la figura de proselitismo electoral.
Dicha jefatura, a través del correo institucional anunció, a la base de datos del servicio, que haría uso de su feriado legal para dedicarse a su candidatura a Consejero Regional y en el mismo correo entregó parte de los ejes programáticos de su campaña. Incorporando además, en la propaganda electoral (volantes) que entrega a la ciudadanía, en su descripción personal su actual cargo de Jefe Provincial de Educación.
La Contraloría General de la República el 10 de noviembre de 2020, en el marco de las elecciones primarias, municipales y de gobernadores, emitió un dictamen (E50319) que establece el marco normativo general que regula a toda la Administración del Estado en materia de elecciones, donde indica que “los funcionarios/as públicos no pueden involucrarse en campañas electorales durante su jornada laboral, debiendo respetar estrictamente el principio de igualdad de trato y la probidad administrativa en el ejercicio de sus funciones. Fuera del horario laboral, está totalmente permitido hacer actividad política y emitir opiniones”.
Y agrega que “los recursos físicos y financieros que el ordenamiento jurídico ha puesto a disposición de los órganos de la Administración del Estado para el cumplimiento de sus funciones, deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de sus objetivos propios fijados tanto en la Constitución Política como en las leyes respectivas. Así entonces, tal como se señaló precedentemente, para el personal de la Administración, está prohibido usar esos recursos para realizar o financiar actividades de carácter político contingente, tales como hacer proselitismo o propaganda política en cualquier forma o medios de difusión, promover o intervenir en campañas o efectuar reuniones o proclamaciones y disponer contrataciones a honorarios para esas finalidades”.
Por tanto el uso del correo electrónico solo pueda estar sujeto a las labores oficiales del servicio ya que forma parte de las herramientas dispuestas por el Estado. Así también lo señala el último instructivo “Nueva Política de Seguridad de Correo Electrónico del Ministerio de Educación” aprobada por el Subsecretario de Educación a través de resolución exenta N° 4824 del 9 de septiembre de 2021, que norma y regula el uso de correo electrónico institucional.
Por estos motivos es que la dirigencia provincial de Elqui hizo una presentación en la Contraloría General de la República para investigar el caso del Jefe Provincial de Educación.
Como Directorio Nacional llamamos a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación a tener presente estas normativas y no caer en invitaciones o entregar información que esté por fuera de los estándares que nos rigen. Estamos en plena campaña electoral y entendemos que todos y todas tenemos derecho a opinar y participar, pero siempre fuera de los horarios de trabajo y sin utilizar los recursos/herramientas que nos entrega el servicio.
Como organización sindical siempre llamaremos a la participación ciudadana democrática, como también a la responsabilidad como trabajadores y trabajadoras del Estado, teniendo siempre presente el resguardo de nuestra institución y el bienestar de las familias.