Comunicado 14, denuncia uso de terrenos de CPEIP para campaña electoral de Joaquín Lavín.
Estimados socios y socias:
Junto a un fraternal saludo y esperando se encuentren bien junto a su familia denunciamos e informamos lo siguiente:
El 18 de junio recién pasado el alcalde de Las Condes y precandidato presidencial de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Joaquín Lavín, hace uso del Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas CPEIP, departamento de asesoría técnica del Ministerio de Educación, para el lanzamiento de su campaña presidencial.
En esta actividad estuvieron presentes figuras del mundo político como el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira; la alcaldesa electa de Las Condes, Daniela Peñaloza, y los diputados de la UDI, María José Hoffmann, Javier Macaya, Guillermo Ramírez, y el diputado Gonzalo Fuenzalida, de Renovación Nacional (RN).
Es importante recordar, que Joaquín Lavín, fue ministro de Educación, durante 17 meses, entre 2010 y 2011, por lo que es de su conocimiento que los terrenos y la infraestructura utilizadas son de propiedad fiscal. Agrava la situación, que autoridades ministeriales hayan facilitado el recinto para esta actividad, vulnerando los controles de seguridad que habitualmente la empresa contratada para ello aplica, como son: Credenciales para visitas, verificación de los asistentes y protocolos sanitarios que en forma habitual se aplican a los funcionarios, además de requerir la presencia de auxiliares, para atender las solicitudes de la comitiva.
Este hecho es un flagrante acto de proselitismo, donde Joaquín Lavín, busca promocionar su imagen junto a un proyecto local que se comenzó a gestar hace cuatro años, y que impulsa una “integración social” con viviendas de un costo que partiría en 2 mil UF ($59.372.220 al día).
Cabe señalar, que esta Unidad también ha sufrido la política de desmantelamiento de todos los gobiernos, acentuándose principalmente en esta administración. Disminuyendo su dotación en un 19,3%, es decir, de 166 a 132 personas entre 2018 a la fecha, aumentando con ello la carga laboral de los funcionarios que se mantienen, como ocurre también a lo largo del país, contraviniendo con ello el programa de fortalecimiento para el CPEIP que dispuso el artículo quincuagésimo tercero de la Ley N.º 20.903.
Para la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME), no es un hecho menor, pues acá se han vulnerado leyes sobre transparencia y probidad, causales de sumarios y hasta destitución de los trabajadores/as del sistema público, por lo que llamamos a la autoridad a aplicar todas las medidas, para que se investigue y sancione según las disposiciones que están declaradas en el estatuto administrativo y las leyes que regulan la función pública.
Para mayor abundamiento, la ley 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, establece en su artículo 28 que:
“Los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración del Estado, ni usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones”.
Del mismo modo, “se prohíbe a los funcionarios públicos utilizar bases de datos o cualquier medio a que tengan acceso en virtud de su cargo para fines políticos electorales”.
Agregando, además, que todos los cargos investidos como Ministros de Estado Subsecretarios, Seremis, jefes provinciales y autoridades municipales, entre otros,
“no podrán, con ocasión del ejercicio de su cargo, ordenar ni incentivar a los funcionarios bajo su dependencia a promover, por medio de aportes o de cualquier modo, a candidatos o campañas electorales”.
Los anteriores hechos relatados, solo dejan en evidencia una vez más que en este país hay ciudadanos de primera y segunda categoría, en donde los más poderosos usan los recursos fiscales a su antojo, vulnerando el trabajo y tributo que hacen al país millones de trabajadores/as y sus familias, lo que ha hecho grande a Chile.
Finalmente, y sobre la base de los antecedentes presentados, la Directiva Nacional de ANDIME, hará la denuncia correspondiente a la Contraloría General de la República, para que ejecute las investigaciones y sumarios administrativos que correspondan.
¡¡¡Andime en lucha por el fortalecimiento de la función pública, los Trabajadores/as y sus familias!!!
¡¡¡Basta de tanta sinvergüenzura!!!