Por Egidio Barrera, Presidente Nacional de ANDIME
Los servicios públicos en nuestro país no cuentan con estabilidad laboral, en su mayoría, los funcionarios de planta alcanzan cifras menores al 20%, constituyendo los contratas y honorarios la mayor fuerza laboral, contraviniendo expresamente lo establecido en el Estatuto Administrativo que determina taxativamente un 20% de la dotación a contrata y 80% de planta.
¿Por qué encasillar? Sin duda es la pregunta que se hacen nuestros compañeros de todo el país hoy. La respuesta a esta interrogante es decidora, dado que permite alcanzar estabilidad laboral y carrera funcionaria para 1.570 funcionarios de los escalafones auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales que hoy se encuentran a contrata.
Encasillar permite dar movilidad a quienes están en planta para el mejoramiento de grados y, para quienes están en la contrata, lograr la titularidad que por años fue esquiva por la nula voluntad política de distintas autoridades de gobierno. Encasillar permite terminar con la angustia de fin de año, recordemos el reciente gobierno de Sebastián Piñera que impulsó despidos masivos en la Administración Pública, de los cuales el mayor porcentaje se lo adjudicó nuestro Ministerio de Educación, argumentando exceso de personal y contratando posteriormente un número mayor de funcionarios que los que fueron despedidos.
El Estado chileno tiene una deuda con los funcionarios públicos, ha sido un pésimo empleador, ha precarizado hasta el extremo el empleo público, con personas contratadas a honorarios por muchos años, con inestabilidad laboral y despidos arbitrarios en la gran mayoría de los servicios, sin embargo, en el Ministerio de Educación estamos por dar un paso crucial para acercarnos a la legalidad que plantea el estatuto administrativo del 80% planta y el 20% contrata.
Quisiéramos haber logrado que una mayor cantidad de funcionarios/as a contrata ingresasen a la planta, no obstante, la cifra señalada es lo que en esta primera etapa se logró alcanzar, debido a los escasos recursos asignados por el Ministerio de Hacienda.
Esta Ley, el posterior DFL que fija las plantas del MINEDUC y las bases administrativas, sientan precedente para el resto de la Administración Pública al legalizarse el encasillamiento de las plantas de auxiliares y administrativos, que las disposiciones legales vigentes sobre Concursos en la Administración Pública no contemplaba esta experiencia abre horizontes para el resto de los Servicios Públicos porque sienta precedentes Asociaciones de Funcionarios, en un trabajo que no ha estado exento de conflictos, pero que llega a tierra firme.
Nuestros esfuerzos no terminan con el encasillamiento, ahora nos queda el desafío de lograr que nuestras autoridades cumplan con el compromiso de realizar el proceso de promoción y los concursos de provisión.