Como trabajadores/as agrupados en la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación – ANDIME, manifestamos nuestro rechazo al protocolo de acuerdo pactado de forma privada entre representantes del Ejecutivo y miembros de las bancadas de Senadores de la UDI y Renovación Nacional, para supuestamente “destrabar” la tramitación del proyecto de ley de Nueva Educación Pública.
Desde sus inicios, como representantes de los trabajadores del MINEDUC hemos mantenido una postura crítica al proyecto NEP, toda vez que tal y como ha sido planteado en nuestra propuesta gremial, los Establecimientos Educacionales deben volver a la administración, supervisión y gestión del Ministerio de Educación a través de sus Departamentos Provinciales en los que el Estado se hace responsable de la Educación Pública, y no, creando un aparataje para dar cabida a las ambiciones desmedidas de grupos cuyo interés es la privatización del Sistema; por ello, nos parece una vergüenza lo acordado por el Ejecutivo y los senadores de la oposición.
Según lo trascendido, se ha decidido iniciar un proceso “experimental” con la instalación de 11 servicios locales dejando al arbitrio de los próximos Gobiernos de turno la educación pública. Con esto, el Gobierno abandona, en la práctica, su proyecto emblemático, desligándose del deber moral de poner atajo al exterminio paulatino de la educación pública y su rol social iniciado por la dictadura.
Nunca estuvimos de acuerdo con la idea de los servicios locales, un eufemismo para no develar lo que estaba atrás, Corporaciones autónomas, con patrimonio propio y un Estado que se transforma en un mega sostenedor de los establecimientos educacionales.
El ejercicio de la voluntad de las mayorías, el cumplimiento de los compromisos de campaña y la resolución de las legítimas diferencias entre quienes pertenecemos a una misma sociedad en instancias de representación, en las que ANDIME ha presentado indicaciones que apuntan al fortalecimiento del rol del Estado en educación, el que tiene por Misión asegurar educación de excelencia para todas y todos, sin exclusiones, como expresión de la democracia. Hemos sido testigos de cómo esa expresión está siendo atropellada de la misma forma que se ha hecho tantas veces en el pasado, en las sombras, a espaldas de la ciudadanía y bajo criterios mezquinos de índole electoral, económico y de mantención de un sistema educacional cuyo único fruto plausible es el vergonzoso lugar ocupado por Chile entre los países con mayor segregación educacional de la OCDE.
De acuerdo al informe del relator especial para la ONU del año 2015, Chile es el país con la educación más mercantilizada del mundo, cuestión que no es de alabanza, toda vez que ello ha influido negativamente en nuestra sociedad: segregación social, desigualdad de oportunidades y grandes negocios empresariales que se ocultan en una pretendida educación de mejor “calidad” – concepto en el que aún no se vislumbra un consenso – y, que al tenor de los resultados de las pruebas internacionales a las cuales concurren los países de la OCDE nuestro país se mantiene bajo la media en sus resultados.
Agregar, que todos los países exitosos en educación tienen un sistema público estatal, centralizado y/o descentralizado, con un fuerte componente fiscalizador, especialmente sobre los recursos públicos que se invierten en ellos; con un fuerte apoyo a los docentes tanto económico como pedagógico para trabajar con todos y cada uno de los niños y jóvenes que concurren a sus sistemas en una mirada de formación para la vida y no formación para el mercado como sucede en nuestro país.
Reiteramos la necesidad de una Política de Estado en educación que apunte a lo formativo y académico, con estándares de medición por ciclos – y no la esquizofrenia de las pruebas SIMCE anualmente, que para variar esconden otro buen negocio – y no fortalecen a nuestra educación, ni contribuyen al objetivo mayor: el de la excelencia académica.
Por otra parte, se anuncia que el proceso y entrada en vigencia del nuevo sistema será asumido de forma casi voluntaria por parte de los municipios, ya que aquellas alcaldías que mantengan al 60% de sus establecimientos por sobre los estándares de suficiencia, podrán postergar indefinidamente su entrada a la reforma. Esta medida le da un nuevo impulso a la peor cara de la municipalización: escuelas de primera en alcaldías ricas, y de segunda en donde habiten los protagonistas del “Baile de los que Sobran”. Con este acuerdo, el Gobierno refuerza una dura estratificación por ingreso económico, agudizando la segregación social, ¿Dónde queda la inclusión, un país más justo, sin la desigualdad avergonzante? Esto no es más que una desmunicipalización a la medida de los negociantes de siempre.
Con este panorama, nos preguntamos entonces ¿Por qué el Estado gastará miles de millones en un experimento con la puesta en marcha de 11 Servicios Locales cuando puede tener un programa piloto desde el mismo Ministerio a través de sus instancias ya creadas, los Departamentos Provinciales de Educación como lo hemos venido sosteniendo desde los inicios de este proyecto? Sólo se necesita reforzarlos e implementarlos para asumir este nuevo rol.
Si la matrícula actual de los establecimientos municipalizados alcanza alrededor del 30% del total del país, ¿qué sentido tiene crear un aparataje enorme y de elevados costos con resultados inciertos y además para un porcentaje menor de la población escolar del país? Si a lo anterior se agrega que los municipios ricos podrán postergar indefinidamente su ingreso al sistema, cómo salva el Gobierno el problema de agudizar la segregación?
Hacemos un enérgico llamado al Gobierno a cerrar su periodo con dignidad, y a no volver a entregar en bandeja lo que queda de la Educación Pública a los mercaderes que solo saben comprar barato y vender caro. Nuestros niños, niñas y jóvenes son quienes construirán el Chile del mañana, y no la mano de obra que alimentará los bolsillos de los millonarios del futuro.
DIRECTORIO NACIONAL
ANDIME
Santiago 28 de julio de 2017