Investigación: Rechazo transversal de gremios, alcaldes, dirigentes sociales y alcaldes a acuerdo gobierno-oposición sobre proyecto NEP en el Senado

En la misma línea de lo que hemos venido reiterando desde hace meses, distintos actores del mundo social, político y técnico de la educación intensificaron sus críticas al acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y senadores de oposición para “agilizar” la tramitación del proyecto de ley de desmunicipalización que crea el sistema de NEP. Expertos en educación de todos los sectores, economistas, ediles, profesores e incluso senadores oficialistas han cuestionado el acuerdo, señalando que desnaturaliza completamente la idea e intención original de la iniciativa.

Pese a que la idea de desmunicipalizar la educación pública generó consenso general en el país, y por ende apoyo mayoritario a su tramitación legislativa, la errática conducción política del gobierno, más la progresiva desnaturalización y extravío conceptual del proyecto, terminó por ahuyentar a actores sociales y políticos que se plantearon como defensores de la idea original.

Desde el mundo académico, por ejemplo, Cristian Bellei, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la U. de Chile, señaló a “La Tercera” que “En conjunto, las indicaciones incorporadas expresan una cierta falta de convicción en la urgencia de desmunicipalizar. ¿Qué significa que los municipios que presumiblemente se encuentran mejor se incorporen al final del periodo?. En la ley original eran seis años, ahora con las indicaciones se extendió a ocho años, pero con una salvedad importante. Que introduce una comisión especial que hace una pausa al año 2021, que entre otras recomendaciones puede sugerir interrumpir el proceso o postergarlo a 25 años”.

Más adelante, agrega que “Que algunos aún defiendan la idea de mantener el actual sistema es un error. Fue una mala política y los resultados son catastróficos, ya que la educación pública se redujo a menos de la mitad de lo que era. Chile dejó de tener un sistema de educación pública como la mayoría de los países desarrollados o en vías de desarrollo, y terminó teniendo un sistema muy debilitado. Tampoco mejoró la calidad. Ha rondado la idea, entre los que no están muy convencidos del proyecto, que hay municipios que ‘lo hacen bien’ y que ‘para qué les vamos a quitar la administración’. Eso se ha defendido como forma de dilatar el nuevo sistema, pero yo estoy en desacuerdo con ese tipo de análisis. Primero, porque en Chile no hay municipios que lo hacen bien. Pueden tener escuelas que obtienen buenos resultados en el Simce, pero eso no siempre depende de la gestión del sostenedor y tampoco mide la calidad de la educación. Segundo, porque decir que el 60% de las escuelas que estén en nivel mediano de desempeño puedan postergar el proceso es un estándar bastante bajo y mediocre para justificar que lo hacen bien. Es un error político y conceptual, porque lo que estamos diciendo es ‘háganse cargo de los municipios que tienen más problemas, pero no de los que supuestamente están en mejores condiciones’. Y la gracia de los servicios locales es que haya un apoyo y trabajo en red. Entonces, vamos a tener municipios de mejor posición fuera del sistema y a los con más dificultades dentro del sistema”.

Además, Bellei, plantea que las modificaciones planteadas generan incentivos perversos: “Se introdujo una indicación que les garantiza a los municipios que cumplan con los requisitos para postergar que se les van a entregar los mismos recursos que se les están entregando a los servicios locales para innovación y mejoramiento. De esta manera, se está produciendo una especie de incentivo perverso para mantener la municipalización, porque no crea la motivación de pasar al nuevo sistema, sino que genera una especie de dualidad entre el nuevo sistema y el antiguo. Es como si al crear el Transantiago hubiésemos mantenido a las micros amarillas. Pareciera que es una especie de premio mantener la municipalización y de castigo entrar al nuevo sistema. Aquello genera incertidumbre y falta de convicción”.

Finalmente, el académico plantea que relativizar el futuro de la desmunicipalización a través de una negociación política donde entran a tañer intereses que poco tienen que ver con el futuro de la educación pública del país conlleva riesgos y costos insospechados: “El gobierno está tratando de hacer viable el proyecto. Si este se aprueba con oposición y alcaldes que no quieren entregar los colegios y amenazan con llevar el proyecto al Tribunal Constitucional, por vulnerar los derechos de propiedad de los municipios, tendremos a la educación pública en un nefasto terreno de lucha. Tampoco sabemos cómo van a ser los gobiernos a futuro. Es razonable que el oficialismo haga esto para que el proyecto sea consensuado. Pero lamento que sea al costo de poner en duda la necesidad y urgencia de hacer el proceso de desmunicipalización completo. Genera incertidumbre y abre la puerta para que algunos municipios se queden más tiempo a cargo de los establecimientos, sin que existan argumentos técnicos para aquello”.

Por su parte Matías Gómez, investigador de Educación 2020, comentó a Radio y Diario Universidad de Chile que es importante que esta política se implemente de forma gradual, pero que sería una lástima que se crearan dos sistemas de educación pública paralelos.

Desde el mundo municipal, las voces que abandonan el apoyo inicial que concitó la desmunicipalización también se han multiplicado. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), señaló la semana recién pasada que “sé que hay algunos alcaldes, principalmente de Chile Vamos, que están dispuestos a tener doble administración (por un lado agencias locales y por otro administración municipal), pero hay que recordar que la AChM tiene un acuerdo de apoyar la desmunicipalización. Yo, como alcalde de la municipalidad de La Granja, estoy dispuesto a que el Estado asuma la total administración de los colegios”.

Incluso desde la vereda opositora, José Palma, director de Educación de Providencia, señaló hace algunos días que: “los cambios introducidos buscan que aquellas comunas que tienen una buena educación no se desmunicipalicen. Eso es una demostración de que el gobierno no cree en su propio proyecto”.

Al interior del oficialismo, las críticas arreciaron tras la rúbrica. Carlos Montes (PS) enfatizó que los únicos ganadores del acuerdo están en la oposición: “A la derecha no le fue mal. Ninguno de los puntos del acuerdo lo apoyamos. O sea no fuimos parte de acuerdo, pero lo aprobamos porque tiene muchos otros artículos. Vamos a seguir la discusión hasta el final, en la sala y vamos a seguir en la comisión de Hacienda. Porque creemos que el proyecto quedó con vacíos”.

En la Cámara de Diputados, la bancada PC se pronunció en contra de la iniciativa y condicionó su apoyo a la aprobación de los cambios hechos en la Cámara Alta: “Rechazamos y repudiamos tajantemente la indicación del Ejecutivo en base a una negociación con la derecha, y que pone en el centro una lamentable renuncia a la desmunicipalización al 100%”, advirtió la diputada Camila Vallejo (PC).

Según la parlamentaria, con ello se permite que el próximo gobierno “extienda en plazos indeterminados los procesos de nueva educación pública”.

También fue crítico el diputado Mario Venegas (DC). A su juicio, hay que analizar los cambios aprobados, pero las condiciones que tienen los municipios para postergar la entrega de los colegios, “diluyen y hacen que el proyecto quede debilitado en los propósitos de fortalecimiento de la educación pública”.

Y el diputado Alberto Robles (PR) afirmó que la evaluación de 2021 no procedería, en el sentido de que “la acción ya está hecha; en más de 30 años de ejercicio municipal de educación, en vez de fortalecerla, se ha disminuido su calidad y, en ese plano, se ha perdido cada vez más matrícula”.

Desde el Colegio de Profesores, donde existió apoyo inicial al proyecto, también se ha suscitado un drástico cambio de visión, apuntalado por la situación de los profesores de San Fernando, cuya crisis ha derivado en la convocatoria a un paro nacional docente para el próximo 17 de agosto, pronunciándose en contra de un acuerdo que prolonga la existencia de un sistema que, a todas luces, ya no da para más. Al respecto el Presidente del Colegio, Mario Aguilar, indicó que: “No creemos que el proyecto de educación pública sea la solución para los colegios municipales, queremos desmunicipalizaciones de verdad, donde se cree un sistema de financiamiento, y que a los colegios subvencionados o municipales no se les dé el mismo trato que a los colegios privados. Se abre una alternativa de que existan sistemas paralelos, por un lado colegios en manos de municipios y por otro lado en manos de los servicios locales, incluso en zonas geográficamente contiguas”, agregó.

En el frente estudiantil, desde ACES aseguran compartir la necesidad imperiosa de desmunicipalizar, pero discrepan en fondo y forma respecto de la actualidad del proyecto, según lo señalado a Radio Universidad de Chile la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Sara Robles.

Desde ANDIME Nacional, donde planteamos desde un principio, propuesta en mano, el retorno de las escuelas y liceos al MINEDUC, lamentamos una situación que esperábamos, denunciamos y advertimos, y llamamos a la autoridad a no poner como moneda de cambio en una negociación política lo poco y nada que queda de la promesa de terminar con la educación municipalizada.