Completo análisis del Fallo del Tribunal Constitucional respecto del proyecto de aborto en tres causales

El documento de 297 páginas con el fondo del pronunciamiento del TC respecto de este emblemático proyecto, entrega una serie de considerandos que dan cuenta de los derechos de la mujer, la maternidad, el concepto de persona y la protección de derechos. Revisamos el texto y les entregamos en este análisis sus alcances y definiciones más relevantes.

Tal y como ha ocurrido en casos emblemáticos como el de la llamada “píldora del día después”, en 2007, y otros casos de alcance político y social de renombre, el Tribunal Constitucional mantuvo en vilo a la opinión pública hace algunas semanas tras entregar el fallo que rechazó los requerimientos de la oposición respecto de la constitucionalidad del proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo bajo tres causales.

En uno de sus párrafos más destacados, el TC indica que la persecución penal no ha sido un mecanismo idóneo para proteger al no nacido, y afirma de entrada que “la sanción absoluta del aborto, sin causales de excepción, choca con los derechos de la mujer”.

Respecto de la causal de violación, el Tribunal señala que ésta es “colocada por el legislador como una solución y no una decisión impuesta por el Estado. La decisión recae en la mujer y en el equipo médico que la atiende”.

Sobre la inviabilidad fetal, el líbelo señala que es la mujer, exclusivamente quien debe decir si continúa o no adelante con su embarazo, o interrumpirlo en el caso de que el feto padezca una patología que necesariamente terminará en la muerte de este. Más adelante, cuestiona: “¿porqué tiene que decidir el juez, el marido, el médico y no la mujer?. Mientras la mujer está embarazada puede celebrar contratos, es responsable ante la ley, puede trabajar, estudiar, ser candidata, puede votar…”. Esto último refuerza la idea de la total independencia jurídica de la mujer, derecho distorsionado por los preceptos de la Constitución del ´80 y de fallos anteriores del mismo tribunal.

Respecto del programa de acompañamiento, objetado por la oposición por no ser “disuasivo” respecto de la eventual voluntad de la mujer de terminar con su embarazo, el Tribunal consideró que es la mujer la que decide cómo obtiene la mejor reparación: “El acompañamiento no puede ni debe ser coactivo… La maternidad es un acto voluntario”.

Sobre la condición de persona, y el momento en el que se adquiere, el fallo del TC restituye el orden jurídico al refrendar lo señalado en el Código Civil: la condición de persona se adquiere en el momento del nacimiento. El no nacido, tanto mórula o feto, es una entidad que debe ser protegida por el Estado, ya que su existencia, como es obvio, reviste el máximo interés para la sociedad, pero su protección no podrá en ningún caso ser a expensas de los derechos de la mujer: “la protección del no nacido no puede implicar medidas de sobreprotección que vayan más allá de lo razonable y sacrifiquen derechos de otros… El primer sujeto a proteger por la Constitución es la mujer. La madre no puede ser considerada un instrumento utilitario de protección del no nacido… el que está por nacer no necesita el status de persona, y distorsionar así todo el sistema institucional, constitucional y legal para recibir protección”.

Finalmente, y en uno de los párrafos más controvertidos del fallo, el TC cortó el trozo de la frase que aparece entre paréntesis a continuación: “la objeción de conciencia es personal y (en ningún caso) podrá ser convocada por una institución”, invirtiendo completamente su significado. Esto abre la puerta para establecer este tipo de objeción, con todas las implicancias legales que podría tener esto, en términos de libertad de culto, de trabajo, de asociación, etc. Sin duda este punto seguirá generando controversia especialmente una vez que se diseñe el reglamento que podrá en práctica la ley y la normativa se ponga en uso.

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